Cotopaxi habló: persecución, defensa y racismo en un Estado plurinacional en disputa

José Proaño, antropólogo

Lo sucedido en Cotopaxi entre el 18 y el 22 de agosto de 2025 no fue un episodio aislado ni un “incidente” folklórico. Fue un espejo de la relación histórica del Estado ecuatoriano con los pueblos indígenas: persecución, criminalización, espionaje y negación sistemática de la justicia indígena.

En una comunidad del páramo, durante audiencias organizadas por la Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Cotopaxi (Unocanc), tres policías fueron retenidos y confrontados por la comunidad luego de que Leonidas Iza, expresidente de la CONAIE, denunciara un intento de atentado en su contra. Lo que surgió de esas audiencias desbordó lo local: se destapó un entramado de infiltración y espionaje contra líderes indígenas, activistas sociales y periodistas.

Cotopaxi habló y lo que dijo resuena más allá de sus páramos: la justicia indígena no es un vestigio del pasado, sino un horizonte de futuro. En un país que se dice plurinacional, el desafío es decidir si se honrará esa palabra o si seguirá siendo simulacro.

Mientras tanto, la respuesta del Gobierno y de algunos medios fue torpe, racista y deslegitimadora, revelando la contradicción de un Estado que se autoproclama plurinacional en su Constitución, pero que en la práctica sigue desconociendo la soberanía jurídica de los pueblos indígenas.

Este artículo explora el caso desde tres ángulos principales:

• 1. Cómo desde una comunidad del páramo se develó toda una estrategia de persecución estatal contra líderes indígenas.
• 2. Cómo este episodio confirma la persecución estructural de defensores de derechos indígenas y periodistas.
• 3. Cómo las respuestas del Estado y ciertos medios exhibieron racismo, ignorancia y desprecio frente a la justicia indígena.

1. Desde el páramo: develar la persecución

Lo primero que quedó claro en Cotopaxi es que la retención comunitaria no fue un acto arbitrario, sino un ejercicio constitucionalmente reconocido de jurisdicción indígena (art. 171). La comunidad actuó frente a una invasión territorial y ante un vacío de protección estatal.

Pero la audiencia no se quedó en sancionar la invasión: se convirtió en un espacio de verdad. Allí, los tres policías revelaron la existencia de un operativo de infiltración con, al menos, 16 agentes encubiertos que se hacían pasar por periodistas, abogados y funcionarios.

• “Tres policías retenidos por la comunidad indígena revelaron los nombres de 16 agentes encubiertos que operaban como periodistas, abogados y funcionarios para espiar a Leonidas Iza y otros líderes indígenas” (@LaPosta_Ecu, X, 20/08/2025).
• “El movimiento indígena de Cotopaxi publicó el listado del ‘equipo de espionaje e infiltración en el movimiento indígena y otras organizaciones sociales del Ecuador’” (@radio_pichincha, X, 19/08/2025).
• “En audiencia comunitaria, 3 agentes revelaron una red de 16 infiltrados del Estado… confirmando que es objetivo político directo del Gobierno” (@Micc_Ec, X, 20/08/2025).
• “En Planchaloma, Cotopaxi, tres policías revelaron cómo utilizaban un medio digital para espiar a opositores políticos y activistas sociales” (@ecuainm_oficial, X, 22/08/2025).

Lo que se destapó fue un plan de vigilancia y amedrentamiento estructurado, con nombres, métodos y objetivos claros. Cotopaxi, con su tribunal comunitario, se convirtió en el escenario donde se reveló una maquinaria estatal de persecución que en Quito hubiera quedado archivada como rumor.

Análisis:

Históricamente, los pueblos indígenas han denunciado que cada levantamiento, cada dirigente con liderazgo, cada ciclo de movilización ha sido objeto de represión, juicios, infiltraciones y campañas de difamación. Cotopaxi no es la excepción, sino la continuidad. Pero aquí se rompe un patrón: no fue la Fiscalía ni la Policía quienes destaparon la trama, sino la justicia indígena.

2. La persecución estructural a defensores y periodistas

El caso también mostró que la persecución no se limita a líderes indígenas. La infiltración alcanzó a periodistas y medios de comunicación, confirmando que el Estado activa redes de espionaje contra cualquier actor que cuestione el poder.

• “Fundamedios exige explicaciones al Gobierno y autoridades de inteligencia ante la gravísima infiltración de agentes de policía en chats de prensa” (Fundamedios, Comunicado, 22/08/2025).

El comunicado describe con detalle cómo agentes de inteligencia se infiltraron en al menos 17 grupos de WhatsApp de periodistas, suplantando identidades y recopilando información bajo seudónimos. Uno de los chats operativos tenía un nombre revelador: “Asadero del cuy”, usado para coordinar vigilancia a Leonidas Iza y otros líderes.

Análisis

Esto constituye una violación directa a la libertad de expresión, la privacidad y el secreto profesional de las fuentes. En términos interamericanos (Corte IDH, Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH), estas prácticas son incompatibles con un Estado democrático de derecho.

El hallazgo conecta lo ocurrido en Cotopaxi con un patrón regional: en varios países, la alianza entre aparatos de seguridad y empresas privadas se traduce en represión y vigilancia contra defensores de territorio y periodistas. Ecuador no es la excepción. Aquí, como en otros lugares, la justicia indígena logró poner sobre la mesa lo que el Estado quería mantener oculto: la persecución estructural no es un exceso aislado, sino política de gobierno.

3. Las respuestas torpes y racistas del Estado y en algunos medios

Frente a las revelaciones de Cotopaxi, el Gobierno reaccionó no con apertura al diálogo intercultural, sino con criminalización y negación.

• La vocera Carolina Jaramillo declaró que la Fiscalía investiga a Leonidas Iza por “secuestro de tres policías”(@radiocentroec, X, 21/08/2025).
• Cuando la periodista Yalilé Loaiza preguntó sobre infiltración, respondió: “¿Qué veracidad puede tener información extraída de dispositivos que no han tenido un procesamiento pericial o judicial? Para el gobierno nacional, no tienen ninguna importancia” (@wambraEc, X, 22/08/2025).

En Politizados (Diario Expreso), Martín Pallares y Roberto Aguilar fueron aún más lejos:

“Lo que vimos fue una turba, no un procedimiento ancestral. (…) El romanticismo con lo ‘ancestral’  nos lleva a atribuir sabiduría a lo que muchas veces es solo turba. (…) No hay sabiduría ancestral en las turbas.” — Roberto Aguilar y Martín Pallares, Politizados, 25/08/2025.

Análisis

Estas narrativas son ejemplos de racismo epistémico: reducen la justicia indígena a rumor o “turba”, negando su reconocimiento constitucional. Además, se normaliza la persecución: “Si yo fuera el Estado, tendría a Iza vigilado”, dijo Pallares, revelando la naturalización de la criminalización de líderes indígenas.

En contraste, Iza defendió la legitimidad de la justicia indígena:

“Sí, absolutamente. La Constitución y la Corte Constitucional reconocen la jurisdicción indígena. (…) No se trató de hostigamiento, sino de un proceso de coordinación entre la justicia indígena y la ordinaria.” — Leonidas Iza.

El choque no fue solo jurídico, sino narrativo: quién tiene derecho a nombrar qué es justicia y qué es persecución. 

Las declaraciones desde el Estado revelan una postura de desprecio institucional y racial hacia la justicia indígena y los líderes del movimiento. Todo lo que no pase por el filtro judicial estatal se descarta como rumor. En otras palabras: la palabra indígena nunca es legítima, más bien siempre sospechosa.

Algunos medios de comunicación replicaron esta narrativa, presentando la retención comunitaria como “secuestro”, ignorando que la Constitución reconoce la jurisdicción indígena en casos de invasión territorial. Aquí aflora un racismo estructural: los rituales de purificación y reconciliación son ridiculizados como “espectáculo”, mientras la violencia estatal se normaliza como “orden público”.

Libre determinación frente al simulacro plurinacional

Cotopaxi puso en evidencia la fractura entre el Ecuador plurinacional escrito en la Constitución y el Ecuador real, donde el Estado espía, infiltra y criminaliza a líderes indígenas y periodistas. En el papel, Ecuador es un Estado plurinacional que reconoce la justicia indígena como igual en jerarquía a la ordinaria. En la práctica, las instituciones responden con espionaje, persecución y racismo.

Las audiencias comunitarias de Cotopaxi fueron un recordatorio de que la justicia indígena es ejercicio de libre determinación, no folklore ni improvisación. Fue un proceso rápido, transparente, sin violencia física, con disculpas públicas y restitución de la dignidad. En contraste con la lentitud, corrupción y brutalidad de la justicia ordinaria es evidente.

Este episodio revela que la disputa no es solo sobre un caso, sino sobre dos paradigmas de justicia:

• Uno escrito, jerárquico, que se arroga el monopolio de la legalidad y descarta todo lo que no encaje en su gramática.
• Otro relacional, nacido de la tierra, que se valida en la comunidad y en la reparación de vínculos.

Lo que se destapó en Cotopaxi no fue solo un plan de espionaje, sino una forma de relación: el Estado sigue viendo al movimiento indígena como enemigo interno. Mientras tanto, la justicia ancestral mostró que justicia no es solo castigo, sino reparación de relaciones, verdad comunitaria y dignidad compartida.

Cotopaxi habló y lo que dijo fue claro: la justicia indígena no es folclore ni turba, es ejercicio de libre determinación. El verdadero escándalo no es que una comunidad juzgue, sino que un Estado que se dice plurinacional siga persiguiendo a los pueblos que lo fundan.

La justicia indígena no es un vestigio del pasado, sino un horizonte de futuro. En un país que se dice plurinacional, el desafío es decidir si se honrará esa palabra o si seguirá siendo simulacro.